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Un país que se ahoga en el abismo, que lucha cada día por sobrevivir frente a la adversidad, se da el lujo de contar con más leyes que nadie en un tiempo récord. Este es el retrato de la Cuba actual, donde la normativa abunda mientras la calidad de vida desciende en picada. La promesa de un futuro mejor, plasmada en decretos y resoluciones, se convierte en un espejismo que oculta la cruda realidad de un pueblo cansado, que ve cómo los agravios se multiplican sin respuesta efectiva.
La utima de las tontas
El 26 de diciembre de 2024 entrará en vigor el Decreto 110, que introduce sanciones a los "actores económicos" que no cumplan con las directrices gubernamentales para aliviar el depauperado Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Este esfuerzo por imponer orden en un sistema desgastado se presenta como una solución, mientras la población vocea su disidencia en las calles, cansada de promesas vacías y un desabastecimiento crónico. Las autoridades, en un acto de desdén hacia la voz popular, optan por el camino de la represión ante el incumplimiento.
La avalanche de leyes y regulaciones en Cuba parece más un ejercicio de control que una respuesta a las verdaderas necesidades sociales. En lugar de abordar sus problemas estructurales, el gobierno despliega un arsenal normativo que no resuelve el desabastecimiento, la crisis energética o el descontento social. La legislación, lejos de ser un pilar de desarrollo, se convierte en una herramienta de chantaje, ahogando aún más a un país que necesita, por encima de todo, flexibilidad, adaptabilidad y, sobre todo, voluntad política para realmente transformar la realidad.
La utima de las tontas
El 26 de diciembre de 2024 entrará en vigor el Decreto 110, que introduce sanciones a los "actores económicos" que no cumplan con las directrices gubernamentales para aliviar el depauperado Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Este esfuerzo por imponer orden en un sistema desgastado se presenta como una solución, mientras la población vocea su disidencia en las calles, cansada de promesas vacías y un desabastecimiento crónico. Las autoridades, en un acto de desdén hacia la voz popular, optan por el camino de la represión ante el incumplimiento.
La avalanche de leyes y regulaciones en Cuba parece más un ejercicio de control que una respuesta a las verdaderas necesidades sociales. En lugar de abordar sus problemas estructurales, el gobierno despliega un arsenal normativo que no resuelve el desabastecimiento, la crisis energética o el descontento social. La legislación, lejos de ser un pilar de desarrollo, se convierte en una herramienta de chantaje, ahogando aún más a un país que necesita, por encima de todo, flexibilidad, adaptabilidad y, sobre todo, voluntad política para realmente transformar la realidad.